• El problema distributivo

  • El problema distributivo

    La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, que incluía el reclamo sobre la igualdad, es el antecedente directo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La igualdad de trato, es en sí, una exigencia de la democracia liberal.

    En materia de rentas, riquezas y acceso a bienes, nadie seriamente –por ahora- puede pretender una igualdad económica de carácter matemática, entre los miembros de una comunidad. En Chile se ha instalado el reclamo de una vida digna, orientado a la satisfacción de condiciones básicas de subsistencia de la población, la cual está inserta en un sistema social intrincado que involucra a la actividad económica, políticas en gasto público y  bienes sociales.  Las decisiones político-administrativas, tienen pleno impacto sobre la desigualdad y la redistribución.

     Desigualdad en Chile

    Según el Instituto Nacional de Estadísticas la población nacional, tiene una expectativa de vida que supera los 80 años, y a la fecha existen en dicho tramo etario, alrededor 573.271 personas; de los cuales un 5% de ellos aún trabaja de manera remunerada, y se calcula que al menos un 25%  del total de adultos mayores -de la denominada “cuarta edad”- se ven obligados a realizar alguna actividad económica informal para subsistir. Sabemos hasta la saciedad, que las pensiones que efectivamente el sistema otorga, se encuentran muy lejos del sueldo mínimo, perpetuando la precariedad de las personas.

    Por otro lado, sí cuantificamos las propuestas ofrecidas por el poder ejecutivo, para solventar la llamada “agenda social”, nos aproximamos a los $2 mil millones anuales, lo que significa alrededor de un 0.75% del Producto Interno Bruto.  Si tan sólo dedicásemos el 3% del Producto Interno Bruto para las necesidades urgentes, podríamos a lo menos mantener a un segmento de la población que objetivamente no puede trabajar. El discurso oficial del poder ejecutivo, puede resumirse en la postura del actual Ministro de Hacienda, quien señalo “los números muestran que no tenemos holguras fiscales para atender a más gastos permanentes”. Ante tal aseveración, la pregunta que subyace, es de dónde obtenemos el financiamiento.

    Para intentar una respuesta a la interrogante planteada, debería comenzar observando que en Chile, el 1% de la población concentra el 33% del PIB. Quizás entonces, bastaría un acertado ejercicio tributario para obtener una recaudación fiscal socialmente útil, para compensar a quienes ya entregaron su energía para al desarrollo de esta sociedad y cumplieron con su contribución laboral. Ilustrativo para esta reflexión, puede resultar la crisis francesa del año 2008: cuando las principales riquezas parisinas, golpearon la puerta del presidente Nicolás Sarkosy porque querían pagar más impuestos, motivados por un principio altruista o por una necesaria estabilidad económica.

    Los empresarios en Chile, al ser consultados si la recaudación tributaria recayera sobre las empresas, para satisfacer demanda social, la última encuesta CADEM, determinó que el 44% de los éstos se mostró algo dispuesto a pagar más, mientras que un 25% de ellos estaban muy dispuestos.

    Y entonces, a pesar de que los números, opiniones de los afectados por la recaudación tributaria, informes internacionales, y organismos especializados avalan los recaudación tributaria, cabe preguntarse porqué durante tres décadas, el discurso economicista dominante en el país, nos repite que sí se aumenta la carga tributaria, la inversión y el empleo caerán abruptamente.

    Para refutar esa mirada, podemos usar los datos que entrega la Fundación Heritage, y tomar como parámetros, el ingreso per cápita (IPP) y la carga tributaria como porcentaje del PIB (%PIB) de algunos países de la OCDE, lo cual arroja el siguiente mirada:

    Chile: $25 mil y 21.0%/ Portugal $32 mil y 37.0%/ Canadá $46 mil 31.7%/ Alemania $44 mil y 44.5%

    Si fuese verídico el discurso de la élite chilena, dominante en el poder ejecutivo y en el congreso, cómo se explica que empresas como la Volkswagen y la BMW sigan invirtiendo y produciendo en Alemania.

    Quizás llego la hora de considerar las palabras, de John Maynard Keynes, quién predijo que el capitalismo duraría aproximadamente 450 años, y que estos transcurrirían entre el año 1580 -cuando la reina Isabel invirtió el oro español robado por Francis Drake- y el año 2030; el año en que Keynes asumió que la humanidad debería haber solucionado sus necesidades básicas para pasar a tener otras inquietudes más elevadas.

    Al parecer estamos a tiempo de cambiar nuestra historia.

    Por: Gonzalo Calderón, Abogado / calderon.gonzalo@gmail.com

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